La Cuestión de las Islas Malvinas
La Cuestión de las Islas Malvinas, entendida como la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Geórgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene su origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable.
La Cuestión Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización colonial especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos.
En fecha 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó la resolución 2065, a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado este llamado.
Además de las sucesivas resoluciones de la Asamblea General y el tratamiento de la Cuestión en el Comité de Descolonización, la Argentina cuenta con el firme respaldo de los países de América Latina a sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y el llamado a la reanudación de negociaciones es compartido por la Organización de Estados Americanos, el G77 más China, y otros foros multilaterales y regionales.
La Cuestión de las Islas Malvinas fue, es y será un tema central para todos los argentinos, tal como lo expresa la Constitución Nacional mediante su Disposición Transitoria Primera: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."
Posición argentina sobre diversos aspectos de la Cuestión de las Islas Malvinas
Antecedentes históricos
Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el “Nuevo Mundo” poco después del descubrimiento de 1492. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros instrumentos que receptan títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época.
Desde principios del siglo XVI y durante la mayor parte del mismo, sólo navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico. En este avance se produjo el descubrimiento de las Islas Malvinas por integrantes de la expedición de Magallanes en el año 1520. A partir de ese momento fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.
En el curso del siglo XVII las Islas Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que se aventuraban en los dominios españoles a riesgo de la reacción y las protestas que España efectuaba cuando tenía noticias de tales expediciones. Pero toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos en este período, como el Tratado “Americano” de 1670, entre España e Inglaterra.
Entre la estrategia de “sacar a Inglaterra de la zona de confort”, como dijo el canciller Felipe Sola para referirse al nuevo plan del Gobierno por recuperar las islas Malvinas, y el planteo de Londres de profundizar el apoyo económico y diplomático a los isleños, la relación entre la Argentina y el Reino Unido por la causa del Atlántico Sur volvió a tensarse al máximo en los últimos días.
La Casa Rosada envió esta semana al Congreso tres proyectos de ley para reforzar el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Pero casi en paralelo, el “gobernador” impuesto por Londres en las islas, Nigel Phillips, emitió desde Puerto Argentino un duro mensaje en el que ratificó que los isleños contarán con el “apoyo eterno” del gobierno británico incluyendo la defensa de su soberanía y del derecho a la autodeterminación sumado a un incremento presupuestario.
Para que no quedaran dudas de que la tensión entre Argentina y Gran Bretaña por las islas ingresó en una nueva etapa de turbulencias equiparable a los años de Cristina Kirchner en el poder, ayer el canciller Sola fue tajante: “El gobierno anterior tuvo una política de baja intensidad respecto a Malvinas deliberadamente”, dijo. Se refería a la estrategia dialoguista esgrimida con Londres por Mauricio Macri durante los últimos cuatro años.
Por el contrario, la “alta intensidad” vendrá ahora. La Casa Rosada giró a Diputados los proyectos de creación de un Consejo Relativo a Malvinas y la ley para reglamentar el nuevo mapa de la Argentina con la extensión de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental marítima y al Senado la iniciativa para incrementar las sanciones a la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Estas dos medidas fueron vistas con recelos en Londres y entre los mismos isleños que ven en ello una nueva embestida de la Argentina para avanzar con una política activa de recuperación del archipiélago.
La idea de crear un Consejo Relativo a Malvinas con ex combatientes, parlamentarios oficialistas y opositores y académicos le permitirá a la Argentina fijar políticas de Estado a futuro en la causa Malvinas para no incurrir en vaivenes propias de la política exterior que tenga cada gobierno nuevo que asuma.
Pero lo que más molesta para la causa Malvinas a los isleños es el incremento de sanciones de pesca ilegal en aguas aledañas a las islas ya que esto podría generar un eventual conflicto con los barcos de patrullaje argentinos y un pasaje de esos buques ilegales a las costas del archipiélago.
Este año hubo un cardumen de calamar al norte de Malvinas y eso hizo que en determinado momento haya más de 20 pesqueros dentro de la milla 200, es decir en zona económica exclusiva argentina. Para que eso no vuelva a ocurrir, la Argentina pondrá como valor de la multa para el buque que es capturado y llevado a tierra un mínimo de 300.000 unidades pesqueras que quiere decir 300.000 litros de gasoil, además del valor total internacional de lo que tiene en la bodega y de los gastos en los que se incurrió al llevarlo a puerto.
En relación a la actividad ictícola, hay otro tema sensible que acaba de abordar la Argentina. El Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero compartía hasta ahora con autoridades científicas inglesas información sensible de pesca. Pero ahora no lo volverá a hacer por decisión del presidente Alberto Fernández.
El secretario de Malvinas en Cancillería, Daniel Filmus, se reunió con los científicos de ese Instituto y les preguntó: “¿Quién cree que esta información beneficia igual a la Argentina que a los usurpadores?”. Según la Cancillería, allí se hizo un silencio, y luego todos dijeron: “Beneficia más a los usurpadores”. Así fue como Filmus anunció que se suspendió todo intercambio científico. “En uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa”, señaló Sola.
También genera inquietud la decisión de la Argentina de avanzar con la nueva demarcación limítrofe de la plataforma continental submarina que avaló en el 2019 la ONU. Es que allí se incluyó el debate del área marítimo en disputa con Londres y en la Casa Rosada creen, como dijo el secretario de Malvinas, Filmus, que es “un pasito más” en el camino hacia el reclamo de la soberanía en las islas por la vía de Naciones Unidas instando al Reino Unido a sentarse a la mesa de discusiones sin más dilación.
No solo esto. En medio de tanto debate por el caso Vicentin y la pandemia de COVID-19 el canciller Sola mantuvo esta semana una serie de conferencias con representantes de los gobiernos de Australia, Irlanda y Armenia en las cuales se trataron, entre otros temas, la postura de la Unión Europea respecto de las Islas Malvinas tras el Brexit.
Sin dudas, de todos esos contactos del canciller argentino, el que más alertó a Londres y a los isleños fue la conversación telefónica con el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simón Coveney. En ese contexto, Sola dijo: “La Argentina desea transmitir su preocupación por las eventuales implicancias que el acuerdo con la Unión Europea, en el que se regula la futura asociación entre la UE y el Reino Unido, pudiera tener en relación con los territorios argentinos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que se encuentran bajo una disputa de soberanía con el Reino Unido”. Y hubo un silencio del otro lado de la línea, lo que en la diplomacia puede ser visto como un virtual asentimiento. Se sabe que Irlanda apoya la posición argentina por el reclamo de las islas y ello irrita a Londres.
Toda esta estrategia desplegada en los últimos días por la Cancillería en torno a la causa Malvinas persigue el único objetivo de emplazar al Reino Unido a sentarse a dialogar y a conversar por la disputa de soberanía tal como lo plantea la resolución 2065 de la ONU.
La contraofensiva británica
En paralelo a toda esta estrategia desplegada por la Argentina en la causa Malvinas, tanto en Londres como en las islas hubo un fuerte dispositivo que se dio en los últimos días para ratificar su posición dominante en el archipiélago.
Los legisladores electos de Malvinas emitieron una carta abierta en la que expresaron su “eterno agradecimiento” a las fuerzas británicas por “la liberación de las fuerzas invasoras argentinas".
El "gobernador" impuesto por Londres en las Malvinas Nigel Phillips emitió un discurso de fuerte apoyo de Gran Bretaña a los isleños
También los legisladores de Malvinas resaltaron el “compromiso del mando de las fuerzas británicas de las Islas del Atlántico Sur, BFSAI, en asegurar la soberanía de las Falklands (Malvinas) y su deseo de permanecer como un Territorio Británico de Ultramar”. La carta de los asambleístas fue remitida también al Comandante de las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur, brigadier Nick Sawyer, que lidera la base militar de Mount Pleasant con más de 2.500 efectivos británicos para la defensa de las islas.
En paralelo a la carta de los legisladores isleños el “gobernador” impuesto por Londres, Nigel Phillips, expresó en su discurso del Estado de situación del archipiélago que los isleños “cuentan con el apoyo del gobierno británico incluyendo la defensa de su soberanía y del derecho a la autodeterminación y continuará a trabajar muy de cerca con Londres en asegurar los intereses de las Islas en las negociaciones del Brexit”.
Phillips presentó el presupuesto de las islas para el ejercicio 2020/21, a la vez que rindió cuentas sobre “logros y errores” durante los últimos 12 meses y adelantó las políticas y metas para este año y 2021.
Entre los proyectos a ejecutar en las islas enumeró la construcción de un puerto nuevo de aguas profundas, el mejoramiento de los caminos rurales y muelles en distintas localidades de las islas, un plan para asfaltar otro tramo de la arteria que conecta el Puerto Argentino con el aeropuerto internacional, la ampliación del hospital KEMH, proyectos de viviendas en la capital y adquisición de un par de aviones para el servicio interno, entre otros puntos.
Todo esto, naturalmente llegará con un refuerzo presupuestario del Reino Unido para las islas que en medio de la pandemia quedaron en una situación de quebranto financiero por la caída de venta de la pesca, una reducción de ingresos del área de turismo, una baja en la producción de lana y una debacle en los proyectos petroleros.
Para llevar adelante todos los proyectos que anunció el enviado de Londres a las Malvinas, el próximo ejercicio 2020/21 contará con un presupuesto operacional de 81.7 millones de libras (unos 100 millones de dólares) y una transferencia al Fondo de Equiparación Capital de £29.1 millones (unos USD 50 millones) en apoyo a las inversiones de capital.
Al mismo tiempo, Gran Bretaña anunció por medio del “gobernador” Phillps que se reforzará en los próximos meses la llamada “Diplomática Pública Activa” desplegada por los isleños con el propósito de mejorar y aumentar los contactos con América Latina. Esto implicará nuevos viajes de legisladores isleños a diferentes países de América del Sur para reflotar su posición de “Autodeterminación de los pueblos” y contrarrestar la postura argentina de reclamo de soberanía.
También está prevista la invitación a 100 influencers de Asia, Europa y las Américas para ayudar a elevar el perfil internacional de las Malvinas, al igual que la participación activa en reuniones de organizaciones y foros internacionales.
Más allá de la pandemia y de la caída de la actividad económica en las islas, hay algo que no ha cambiado. “El apoyo del gobierno del Reino Unido a las Islas incluyendo la defensa de su soberanía y el derecho a la auto determinación seguirá firme”, dijo Phillips.
Todo este contexto de posiciones beligerantes hace prever tiempos más turbulentos y nuevas tensiones entre Buenos Aires y Londres en adelante alrededor de la causa Malvinas. Peor aún: el embajador británico en Argentina, Mark Kent, quien es un hombre dialoguista, muy racional y que ha cosechado muy buenas relaciones con todo el arco político del país dejará la embajada el año que viene. Y esta no parece ser una buena noticia en virtud de contar con un diplomático dispuesto a aquietar los ánimos y generar un mayor diálogo entre las partes en pugna.
Para la argentina el concepto clásico de la defensa ha estado ligado al ejercicio legítimo de la soberanía, que en el mar no solo tiene que ver con la vigilancia, uso y protección de los espacios marítimos de jurisdicción nacional, sino con la salvaguarda del libre comercio internacional, el sostén logístico antártico, el cumplimiento de acuerdos internacionales y el apoyo a la ciencia y tecnología nacionales.
Para imaginar los espacios marítimos involucrados, debemos pensar en la superficie de dos argentinas y más de cuatro, cuando se suman las áreas de responsabilidad de búsqueda y rescate, la proyección sobre las aguas de convergencia antártica y las rutas bioceánicas de nuestro comercio exterior. En esta amplia superficie marina, la Armada se preparó para desarrollar un amplio porfolio de actividades, que ha cumplido alistando, adiestrando y sosteniendo una fuerza naval creíble con tripulaciones preparadas para asumir los riesgos inherentes.
Muchos piensan que una marina costera sería suficiente para cubrir las actividades de prevención y cumplimiento de las leyes argentinas en el mar. Sin embargo, se olvidan de que los países más necesitados de recursos siempre buscarán burlarse de los límites difusos y extensos de los espacios marítimos nacionales y que, fuera de las aguas jurisdiccionales, existen inmensos recursos naturales a los que el mundo busca acceder y rutas comerciales, que en tiempos de crisis deben ser protegidas.
También hay quienes olvidan que las Malvinas y la Antártida son asuntos con final abierto, y que si bien la Argentina ha optado por la vía pacífica en sus reclamos de soberanía, el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mar requiere, en situaciones de crisis, la cooperación con Armadas de países amigos y socios comerciales en ambos océanos.
De esta forma, la participación naval en los espacios nacionales y de ultramar es una contribución directa al interés nacional y a los fines de la política exterior del país.
Este fue, con algunas excepciones, el pensamiento dominante en la Argentina desde su independencia. Ser un país soberano y dependiente no son situaciones contradictorias, sino que forman parte del progresivo aislamiento e inseguridad producto de una visión de negación del mar, que fue deliberadamente apoyada por las potencias marítimas dominantes para asegurar su comercio y la subordinación
una oportunidad para los estados que comprendieron su importancia. Nosotros nunca lo entendimos.
Un aporte valioso, efectivo, y que nuestros socios y eventuales aliados apreciarían, sería disponer de medios navales que, sin ser de la más alta tecnología, fueran eficaces e interoperables, una capacidad de acción submarina convencional pequeña pero de primera línea tecnológica, una fuerza de proyección anfibia con alta disponibilidad para acudir donde fuera necesario en tiempo y forma, y la capacidad de vigilancia aérea y marítima en coordinación con nuestros aliados comerciales.
De esta forma, en la medida que la integración regional avance, surgirán nuevos intereses marítimos compartidos, cuya protección debemos coordinar en forma conjunta, dinamizando aún más la integración económica y con una política exterior que valore a su Armada como una valiosa herramienta de acción.
Lamentablemente, la escasez de recursos presupuestarios ha sido una constante en los últimos 35 años que ni la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998 pudo cambiar, ya que no llegó a reglamentarse. Recién en el 2008, el planeamiento estratégico tradicional tuvo la contribución del planeamiento por capacidades liderado por el Estado Mayor Conjunto, con la finalidad de reemplazar las hipótesis de conflicto por el diseño y desarrollo de aptitudes capaces de producir efectos acordes al amplio espectro de tareas impuestas por la misión asignada a las Fuerzas Armadas.
El proceso de planificación convocó a gran cantidad de profesionales que en forma colaborativa diseñaron una estructura de fuerzas que terminó siendo incompatible con las asignaciones presupuestarias en continuo descenso, por lo que el cumplimento de la misión asignada por la Ley de Defensa Nacional pasó a ser una utopía.
A esta altura de los acontecimientos, las opciones que iban surgiendo implicaban un replanteo de la misión de las Fuerzas, y/o cambios en la conformación de las capacidades militares según un nuevo redespliegue y la adecuación de la organización, medios, infraestructura, doctrina, formación, adiestramiento y logística. Al inicio de la gestión del presidente Macri, surgió una alternativa posible. En la primera audiencia con el Ministro de Defensa, el 20 de febrero del 2016, el presidente le dijo: "Trabaje en un plan innovador que modernice a las fuerzas y las aggiorne al siglo XXI". Estaba claro que la desinversión en material y el elevado gasto en sueldos no permitían cambiar en el corto plazo la realidad de la defensa que se encontraba en un estado "terminal".
La idea de usar la ciencia y la tecnología para modernizar las capacidades militares podría haber significado un camino virtuoso para recomponer las necesidades operativas de las Fuerzas, al complementar sus canales de obtención de medios dentro del ciclo logístico de la jurisdicción.
Era además una forma de agregar valor al desarrollo tecnológico aplicado al uso del mar, donde la industria naval y la producción para la defensa siempre fueron generadores de conocimiento y recursos que la Argentina estaba en condiciones de aprovechar. Sin embargo, nuevamente, las decisiones fueron en dirección contraria y se anunció la adquisición de equipamiento y medios en el exterior que, además de no materializarse, no tuvo en cuenta el sostenimiento del material del que disponían las Fuerzas, en su mayoría adquirido en el extranjero, para evitar seguir "canibalizando" las unidades que dejaban de operar.
La reciente compra de cinco aviones Super Etendard para sumarse al operativo de seguridad de la cumbre del G-20 despertó cuestionamientos.
La propuesta aquí planteada no implicaba dejar de importar componentes de reemplazo, sino que el sostenimiento del material hubiera sido posible mediante la llamada "ingeniería inversa", que implica desarrollar localmente soluciones tecnológicas e instalarlas en los sistemas existentes, lo cual habría permitido extender los ciclos de vida útil y ganar tiempo, mientras se resolvía el problema de fondo, esto es, cambiar la capacidad o adquirir nuevo equipamiento.
Respecto del material que estaba llegando al fin de su vida útil, la participación de la investigación, desarrollo y producción nacional habría sido una alternativa para predecir el límite de inicio de la obsolescencia de cada sistema, para anticipar soluciones tecnológicas posibles, extender el ciclo de vida útil mediante el desarrollo de componentes y prever los reemplazos de las partes excedidas para satisfacer en tiempo las necesidades operacionales.
Por último, respecto del material en estado de obsolescencia o aquel que se debía reemplazar, la ciencia y la tecnología nacionales hubieran sido un canal de obtención de productos innovadores, que reemplazaran lo viejo por lo nuevo, y que motivaran a las nuevas generaciones de profesionales y técnicos de nuestro país a proponer cambios en el diseño y el desarrollo de las Fuerzas, de forma colaborativa entre militares y funcionarios civiles.
De haberse cumplido la misión expresada por el Presidente en febrero del 2016, la ciencia y la tecnología nacional podrían haber trabajado en la obtención de medios para la defensa, lo cual hubiese sido un primer paso para contribuir a reducir las vulnerabilidades del sector por la excesiva dependencia externa del material y para adquirir conocimientos tecnológicos a aplicar en el sostenimiento y modernización de sus medios.
La catástrofe del submarino San Juan que enluta a los argentinos, pero más aun a la familia militar, sorprendió a todos. Sería absurdo inculpar la tragedia a las últimas personas que circunstancialmente se hicieron cargo de la institución y que desarrollaron su carrera con restricciones de la más diversa índole pero que no cejaron en tratar de sostener los días de navegación, vuelo y ejercicios en el terreno.
En su libro Infortunios militares, Eliot Cohen dice que la catástrofe ocurre cuando se suman tres tipos de fallas: de aprendizaje, de previsión y de adaptación. Las fallas de aprendizaje comenzaron con la pérdida de personal altamente calificado y la reducción de actividades operativas, producto de la progresiva disminución de los presupuestos asignados. De esta forma, la gestión del conocimiento quedó no solo afectada por la salida de hombres valiosos, sino también por la pérdida de motivación de los más jóvenes.
Las fallas de previsión surgieron a partir del aumento de riesgos y accidentes que eran consecuentes con la baja tasa de reinversión en el mantenimiento y el alistamiento. La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas hubiera sido un paliativo importante porque se hubiera podido reinvertir fondos dentro de la misma jurisdicción a través de la venta de activos de su propiedad. Las fallas de adaptación fueron consecuencia del fracaso de sucesivas reformas políticas para cambiar la cultura organizacional de las Fuerzas sin entender las raíces del ethos militar, el cual fue blanco de severos cuestionamientos por su actuación en el pasado y por el escaso interés y compromiso de los líderes políticos sobre temas de defensa.
La lección por aprender es entender que la pérdida de capacidades y competencias militares en el mar tiene efectos estratégicos futuros. El desencuentro de la Argentina con su mar lleva muchos años. La naturaleza y riquezas del territorio que sedujeron a los argentinos a poblar sus Pampas no son incompatibles con el desarrollo de un poder naval sustentable y efectivo.
Más aún, podemos afirmar que, así como la política exterior fue capaz de consolidar nuestro proyecto de Nación, sin soberanía en el mar no podremos sustentarla debido a las necesidades de recursos, espacios y compromisos que vendrán desde diferentes rincones del mundo.
Esperemos que la catástrofe del submarino ARA San Juan tenga una lectura humilde y valiente de la sociedad y de sus líderes políticos para poder entender la naturaleza profunda de los problemas que atraviesa el poder naval de la Nación.
